Santo Domingo. La abogada Yulibelys Wandelpool afirmó que la muerte de Rebeca Brizard debe servir para abrir un debate nacional sobre el intrusismo profesional, una práctica que no solo afecta al sector salud, sino que también se presenta en otras profesiones reguladas y puede poner en riesgo la vida, la salud, el patrimonio y los derechos de las personas.
La especialista en Derecho Administrativo explicó que el intrusismo profesional consiste en ejercer una profesión sin reunir los requisitos que la ley exige para ello, como la obtención de un título universitario, exequátur, colegiación, licencia o habilitación, según corresponda. Señaló que no se trata de una simple irregularidad administrativa, sino de una conducta que puede generar graves consecuencias para la sociedad.
Wandelpool indicó que, aunque el caso que hoy ocupa la atención pública está vinculado a un procedimiento estético, el intrusismo profesional es una realidad que también se manifiesta cuando personas ofrecen servicios jurídicos sin ser abogados, dirigen obras o elaboran diseños estructurales sin ser ingenieros o arquitectos, realizan auditorías o certificaciones financieras sin ser contadores autorizados, ejercen la medicina veterinaria sin las credenciales correspondientes o desarrollan cualquier otra profesión regulada al margen de la ley.
«Cada profesión regulada responde a una necesidad de interés público. Cuando una persona acude a un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un contador o un veterinario, deposita en ese profesional su confianza y, muchas veces, su salud, su patrimonio, su seguridad o la defensa de sus derechos. Por eso el Estado exige requisitos legales para ejercer estas actividades», expresó.
La jurista recordó que el nuevo Código Penal, instituido mediante la Ley núm. 74-25, fortaleció las sanciones contra el intrusismo profesional, incrementando las penas para quienes ejerzan profesiones reguladas sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.
Asimismo, precisó que en el caso de Rebeca Brizard corresponde al Ministerio Público investigar los hechos y determinar si, además del intrusismo profesional, concurren otros tipos penales, mientras que serán los tribunales los encargados de establecer las responsabilidades que procedan, respetando el debido proceso.
Wandelpool también resaltó la responsabilidad de los órganos de supervisión del Estado. Recordó que la Constitución y la Ley General de Salud núm. 42-01 atribuyen al Ministerio de Salud Pública la función de regular, habilitar, inspeccionar y supervisar los establecimientos y servicios de salud, como parte de su deber de proteger el derecho fundamental a la salud.
Finalmente, exhortó a la ciudadanía a verificar siempre las credenciales de los profesionales antes de contratar un servicio o someterse a cualquier procedimiento.
«La muerte de Rebeca Brizard debe servir para recordar que las normas que regulan el ejercicio profesional no son simples formalidades burocráticas. Existen para proteger a las personas. El intrusismo profesional no solo vulnera la ley: puede costar vidas», concluyó.
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