Santo Domingo, D.N. — El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) elevó este lunes el tono frente a la política agropecuaria del Gobierno, cuestionando fuertemente la derogación del Decreto 693-24 mediante la emisión de la disposición 635-26. La organización opositora exigió al presidente Luis Abinader la presentación inmediata de un plan integral de contingencia y modernización que blinde a los productores locales frente a la apertura comercial total del sector arrocero.
Durante la tradicional rueda de prensa de la organización opositora, el documento oficial fue leído por el miembro del Comité Central Winston Marte. Estuvo acompañado por los dirigentes del Comité Político Richard Medina, Elías Cornelio y Robert de la Cruz; el vicepresidente del partido, Yvan Lorenzo, y el titular de Asuntos Campesinos, Emilio Toribio Olivo.
Entre promesas de protección y vacíos comerciales
Para el partido morado, la eliminación de la medida —la cual establecía un arancel de 99% para las importaciones de arroz estadounidense que superaran una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas— evidencia una profunda contradicción entre el discurso oficial de respaldo al campo y las acciones concretas de la administración de turno.
El PLD señaló que el problema no radica exclusivamente en dar marcha atrás al decreto firmado en diciembre de 2024, sino en la ausencia absoluta de un programa de respaldo que preparara a los agricultores para competir bajo las reglas del DR-CAFTA, a pesar de que el fin del período de desgravación arancelaria era un escenario conocido desde el origen del tratado. Asimismo, la organización cuestionó la transparencia en la política de importaciones, recordando que en septiembre de 2021 se eliminó el Decreto 569-12 sobre subastas públicas para la asignación de permisos agropecuarios.
Seis años de gestión bajo la lupa
Mirando en retrospectiva su propio legado, el partido opositor reivindicó las iniciativas ejecutadas durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina. Según datos expuestos por la organización, la productividad nacional pasó de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 en 2019, impulsada por la nivelación de terrenos con GPS, el desarrollo de nuevas variedades, la pignoración y el fortalecimiento de la asistencia técnica.
En contraste, el PLD sostuvo que el actual mandato de Abinader acumula seis años sin presentar una evaluación pública transparente sobre los resultados de sus políticas entre 2021 y 2026 en materia de costos de producción, mecanización y acceso al crédito.
Las cinco exigencias del PLD al Ejecutivo
Ante lo que califican como un escenario de vulnerabilidad para el campo, el partido formuló una propuesta de cinco acciones concretas orientadas a rescatar la estabilidad del sector:
- Convocar una mesa nacional de negociación: Reunir de urgencia a productores, industriales y autoridades para evaluar el impacto de la medida.
- Transparentar la política arrocera (2021-2026): Publicar un informe detallado sobre los recursos invertidos, la evolución de la productividad y los costos reales del sector.
- Explicar los criterios jurídicos y técnicos: Revelar los fundamentos detrás de la emisión y posterior derogación de los decretos, incluyendo las recomendaciones del CONASSAN.
- Abrir negociaciones formales con Estados Unidos: Explorar mecanismos de cooperación y transición compatibles con el DR-CAFTA.
- Ejecutar un programa extraordinario de modernización: Destinar presupuesto específico para rescatar canales de riego, abaratar costos de producción y subsidiar temporalmente a los pequeños y medianos productores ante posibles pérdidas.
Un impacto que trasciende la economía rural
La organización advirtió que la crisis arrocera va más allá de las cifras macroeconómicas, recordando estimaciones de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) que cifran en 30,000 los productores y en más de 300,000 los empleos directos e indirectos que dependen del cereal.
Aunque el PLD reconoció los planteamientos del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sobre la búsqueda de nuevas conversaciones con Estados Unidos, criticó la falta de un calendario con plazos, presupuestos y metas verificables. «El Gobierno debe pasar de las declaraciones a las medidas concretas; los productores no pueden cargar solos con las consecuencias de la apertura comercial», concluyó la organización.
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