Santo Domingo, RD — Lo que nació en septiembre de 2021 como una “ayuda temporal” por cinco meses para amortiguar el impacto del COVID-19 en el transporte se ha convertido en un millonario compromiso estatal de carácter permanente. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) han destinado más de 9,000 millones de pesos a través de ocho adendas, beneficiando a unas 20 federaciones, con un fuerte predominio de entidades dirigidas por legisladores oficialistas.
De acuerdo con documentos obtenidos por este medio mediante solicitudes de acceso a la información pública, el pacto inicial firmado en plena pandemia contemplaba un desembolso de RD$304,990,000 para un período de cinco meses dirigido a 14 federaciones con topes mensuales de gasoil.
Sin embargo, en marzo de 2022 —sin que medie una auditoría pública o una justificación técnica formal— se firmó una prórroga que extendió el programa por más de tres años, elevando los montos de forma vertiginosa desde los RD$61 millones iniciales hasta superar los RD$250 millones mensuales.
El mecanismo y la ruta del dinero
El esquema operativo establece que el MICM (dirigido hasta inicios de 2026 por Víctor ‘Ito’ Bisonó) deposita los fondos a distribuidores mayoristas autorizados y transportistas con títulos habilitados. Estos suministran el combustible a los choferes afiliados, mientras que el Intrant tiene la responsabilidad de validar las facturas correspondientes antes de autorizar los pagos.
No obstante, la investigación revela cambios significativos en el origen de los recursos. Mientras el convenio original de 2021 se financiaba con fondos externos (código «0814, Apoyo Presupuestario Recursos Externos»), las adendas posteriores cambiaron la fuente al Fondo General (código «000100»), es decir, el presupuesto ordinario alimentado por los impuestos que pagan todos los ciudadanos, sin que este cambio administrativo aparezca justificado en los documentos oficiales.
¿Quiénes reciben la mayor parte?
El reparto de los recursos muestra una marcada concentración. Desde el inicio, más del 70 % del dinero ha quedado en manos de tres grandes estructuras:
- Conatra: Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, presidida por el senador oficialista por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte.
- Fenatrado: Federación Nacional de Transporte Dominicano, presidida por el presidente del Senado de la República y legislador por Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos.
- Fenatrano: Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, dirigida por Juan Hubieres.
En el convenio original, Conatra acaparaba el 28.48 % del tope mensual, Fenatrado el 25.87 % y Fenatrano el 18.73 %. Para septiembre de 2023, la cuota de Conatra ascendió al 33.3 %, mientras que Fenatrano se redujo al 13.1 %, favoreciendo la inclusión progresiva de nuevas federaciones (pasando de 14 a unas 20 entidades beneficiadas, destacando la exclusión de la CNTT).
Vacíos en la transparencia
A pesar de que las adendas repiten de manera constante la justificación de que los aumentos responden a la «inestabilidad de la situación política internacional» y al precio del crudo, ni los documentos oficiales ni las autoridades han explicado con datos técnicos el porqué del incremento sostenido de los montos, ni los criterios específicos de asignación por federación.
El acuerdo original mencionaba que las partes definirían criterios basados en flota o número de choferes, pero dichos parámetros brillan por su ausencia en las adendas posteriores, dejando el reparto bajo un esquema discrecional.
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