Santo Domingo — Tras intensos debates que se prolongaron durante los últimos meses, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo lograron el consenso necesario para la aprobación y promulgación del nuevo marco penal dominicano. Este lunes 3 de agosto de 2026 entra formalmente en vigencia el nuevo Código Penal, dejando atrás una legislación que acumulaba más de 141 años de historia.
Sin embargo, la jornada arranca bajo una modalidad jurídica particular que ha generado confusión incluso entre profesionales del derecho: el texto base del Código Penal entra en vigencia desde hoy, pero las reformas aprobadas recientemente permanecen en pausa.
El factor de la Gaceta Oficial y la vacatio legis
Existe la falsa presunción de que las modificaciones introducidas en las últimas semanas se aplican de manera inmediata. En la práctica, y conforme al artículo 1 del Código Civil, dichas reformas solo serán de cumplimiento obligatorio una vez que transcurran los plazos legales posteriores a su publicación oficial.
Debido a que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se encuentra ultimando detalles de dicha edición —la cual será difundida primero en formato digital y luego en físico—, las enmiendas quedan suspendidas temporalmente.
Efecto legal directo: A toda persona que cometa un delito a partir de este lunes se le aplicará el texto del código aprobado el año pasado sin las modificaciones recientes, a menos que la versión reformada resulte formalmente más favorable para el imputado.
Desfase territorial: Esta dinámica provocará una entrada en vigor territorialmente desfasada para las reformas, aplicando de manera prioritaria en el Distrito Nacional y posteriormente en el resto del país, incluida la provincia de Santo Domingo.
Iniciativa legislativa: Ante los inconvenientes prácticos que esto suscita, recientemente se sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley enfocado en modificar el artículo 1 del Código Civil para agilizar estos procesos.
Aplicación de la ley y principio de irretroactividad
Conforme al artículo 393 de la Ley 74-25, los tribunales de todo el territorio nacional quedan formalmente habilitados desde hoy para juzgar bajo decenas de nuevas figuras penales y castigos que antes no estaban contemplados en la normativa.
No obstante, la implementación del nuevo marco penal no opera de forma automática para los expedientes que ya están en curso. El artículo 110 de la Constitución dominicana consagra el principio de irretroactividad de la ley: las normas disponen únicamente para el porvenir y solo adquieren efecto retroactivo «cuando sea favorable al que esté sub júdice o cumpliendo condena».
Reformas clave en pausa (pendientes de publicación)
Entre las modificaciones introducidas por la Cámara de Senado y la de Diputados que comenzarán a regir una vez cumplidos los plazos de la Gaceta Oficial, destacan disposiciones relativas a la libertad de expresión, la medicina, la responsabilidad penal de personas jurídicas, la protección de menores y la lucha contra la corrupción administrativa:
Estafa agravada: Sancionada con penas de 5 a 10 años de prisión, abarcando de forma específica la venta o promesa de bienes en planos tras recibir pagos parciales o totales.
Difusión de audios o imágenes sin consentimiento (Art. 192): Castigada con hasta un año de prisión, aplicable únicamente cuando ocurra en el ámbito estrictamente privado o medie una expectativa razonable de confidencialidad.
Reducción de penas:
En el delito de perjurio (Art. 207), la sanción baja de un rango de 5-10 años a 2-5 años de prisión.
En la difamación (Art. 208), la pena disminuye de 2-5 años a 1-2 años de prisión.
Excepción en difamación e injuria (Art. 211): Se establece que no se considerarán difamatorias ni injuriosas las críticas relativas a la corrupción, las políticas públicas o los servicios públicos, siempre y cuando se fundamenten en elementos probatorios o en una verificación razonable de los hechos.
Comisión de seguimiento y próximos pasos
Con el propósito de dar un seguimiento riguroso al proceso de implementación y canalizar futuras revisiones técnicas, el presidente Luis Abinader conformó una comisión especial encargada de evaluar mejoras continuas al nuevo marco normativo penal.
La mesa de trabajo está integrada por destacadas figuras del ámbito jurídico y de la comunicación:
Milton Ray Guevara (Jurista y expresidente del Tribunal Constitucional)
Leyda Margarita Piña Medrano
Pedro Balbuena
Ricardo Rojas León
Julio César Castaños Guzmán
Luz Díaz
José Lorenzo Fermín
Eduardo Jorge Prats
Alejandro Moscoso Segarra
Persio Maldonado (Periodista)
Aníbal de Castro (Periodista)
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