Santo Domingo — Tras más de un año de planificación operativa, institucional y de formación intensiva, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que la institución se encuentra «absolutamente y totalmente preparada» para asumir la transición hacia el nuevo Código Penal (Ley 74-25), cuya aplicación inicia en las próximas horas.
La funcionaria emitió estas declaraciones durante el taller «Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación», un espacio dirigido a periodistas especializados en la fuente judicial y a caricaturistas de ejercicio permanente, donde se desglosaron las principales transformaciones jurídicas que trae consigo la normativa.
Una transición planificada y con músculo operativo
Frente a las inquietudes sobre la capacidad del Estado para aplicar este nuevo marco normativo, Reynoso fue enfática al señalar que el Ministerio Público no esperó a la aprobación final de la ley para adecuar su estructura interna.
Entre los principales avances logrados de cara a la implementación destacan:
- Capacitación continua: A través de la Escuela del Ministerio Público, se lleva un año formando de manera intensiva a los fiscales y miembros del órgano persecutor. Actualmente cursa una nueva promoción y se prevé la convocatoria de un grupo adicional en el corto plazo.
- Refuerzo territorial: Se habilitaron 100 nuevos relevos distribuidos equitativamente en los 37 distritos judiciales del país.
- Asistencia integral a víctimas: Se incorporaron 140 abogados destinados exclusivamente a la protección y acompañamiento de las víctimas.
“El código era una necesidad de la sociedad. Nos fuimos preparando desde el punto de vista de las víctimas y de nuestro personal técnico y fiscal. El Ministerio Público está absoluta y totalmente preparado para lidiar con esta nueva normativa”, enfatizó la magistrada.
Delitos del siglo XXI y un sistema actualizado
La magistrada recordó que la iniciativa de actualizar el texto punitivo partió del propio Ministerio Público, al evidenciar que la legislación anterior —con más de un siglo de antigüedad— se encontraba totalmente desfasada frente a la criminalidad contemporánea.
La Ley 74-25 introduce 70 nuevos delitos que, sumados a las figuras jurídicas reformuladas, alcanzan un total de 109 tipos penales. Esto incluye la persecución explícita de delitos cibernéticos y conductas lesivas de la sociedad actual, dotando a los jueces de marcos de sanción más estrictos y con un marcado enfoque disuasivo.
Debate sobre penas: Entre la reinserción social y los derechos de las víctimas
Ante los cuestionamientos de diversos sectores criminológicos respecto al impacto del cúmulo de penas (que alcanza hasta los 60 años de prisión) en la reinserción social y el hacinamiento carcelario, Reynoso defendió firmemente la facultad del legislador.
- Rehabilitación diferenciada: Sostuvo que no todos los crímenes pueden medirse con la misma vara ni todos los delincuentes requieren el mismo tiempo para rehabilitarse, citando casos extremos que han conmocionado a la opinión pública nacional.
- Derecho de las víctimas: Subrayó que el sistema penal no solo debe velar por los derechos del imputado, sino también ponderar el dolor y el impacto causado a las víctimas y a la ciudadanía.
- Seguridad vs. Población carcelaria: Rechazó categóricamente la tesis de supeditar la seguridad ciudadana a la capacidad penitenciaria: «No se puede garantizar la seguridad de un país dejando en libertad a quienes cometen delitos graves únicamente para evitar el aumento de la población carcelaria».
Creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales
Una de las innovaciones más aplaudidas de la nueva legislación es la incorporación del seguimiento sociojudicial y la puesta en marcha del Registro Nacional de Agresores Sexuales, una base de datos especializada que estará bajo la estricta administración y custodia de la Procuraduría General de la República (PGR).
- Prevención y control: Esta herramienta funcionará mediante protocolos técnicos rigurosos para la depuración de personal en sectores sensibles.
- Protección a la infancia: Será obligatorio consultar el registro al contratar personal para colegios o cualquier área que implique contacto con niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables.
Con este mecanismo, inspirado en modelos internacionales exitosos como el de Estados Unidos, el Estado dominicano busca trascender el encierro tradicional, implementando herramientas efectivas de monitoreo post-condena para garantizar la seguridad comunitaria.
Autoridades presentes en el encuentro
En la jornada formativa también participaron los procuradores adjuntos Osvaldo Bonilla, José Viterbo Cabral, Iván Vladimir Féliz y Fiordaliza Alduey, así como la rectora del IES-ENMP, Marien Montero.
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