SANTO DOMINGO. — En medio de crecientes tensiones por la transparencia en la gestión de la alimentación pública, representantes de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del sector agroindustrial y de servicios de alimentos levantaron su voz este lunes para exigir al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y al Gobierno central la paralización inmediata de la entrega de anticipos a contratos cuestionados.
Bajo la premisa de que «con el dinero de la comida de los estudiantes no se negocia ni se juega», el sector afectado denunció un patrón sistémico de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los períodos lectivos 2026-2027 y 2028, advirtiendo que las respuestas institucionales a los recursos presentados no pueden llegar «después del entierro».
Un llamado urgente a la transparencia y fiscalización
Las MIPYMES aclararon que su intención no es entorpecer la alimentación diaria de los estudiantes —reconociendo que los niños deben comer todos los días—, sino erradicar prácticas nocivas que desplazan a los productores legítimos.
El sector formuló una serie de demandas específicas dirigidas a las autoridades competentes, entre las que destacan:
- Publicación de expedientes en el SECP: Exigen que se revelen de forma íntegra las evidencias de inspecciones y constancias de conformidad de cada oferente para permitir la veeduría pública.
- Reinspección sorpresiva: Solicitan visitas técnicas sin previo aviso a las cocinas adjudicadas para verificar su existencia real, capacidad de producción y concordancia con las puntuaciones otorgadas.
- Auditoría al universo del MINERD: Demandan un desglose oficial de los centros educativos, matrículas y modalidades del PAE para contrastar los datos licitados frente a los adjudicados e incorporados de manera posterior.
- Verificación pericial de puntajes: Piden que expertos independientes revisen las evaluaciones y fotografías para detectar posibles alteraciones que modifiquen las adjudicaciones.
- Investigación de beneficiarios finales: Solicitan desarticular los presuntos «combos de cocinas» y esquemas de testaferrato que concentran múltiples adjudicaciones bajo una misma sombriza económica, afectando a las MIPYMES reales.
Antecedentes y presión institucional
El reclamo de los proveedores surge en un contexto institucional complejo marcado por recientes eventos y hallazgos de organismos de control:
- Suspensión reciente: A inicios de septiembre de 2026, el INABIE suspendió a 14 proveedores tras hallar cocinas desmanteladas o con fallas sanitarias, una medida adoptada tras incidentes con el desayuno escolar en Santiago que afectaron a decenas de estudiantes.
- Informes de la Cámara de Cuentas: Entre mayo y junio de 2026, el órgano fiscalizador remitió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) un expediente con 38 irregularidades e indicios penales en la gestión del INABIE (período 2020-2022), señalando millones en adjudicaciones a proveedores sin capacidad acreditada.
- Precedentes en contrataciones: Se suman antecedentes de anulaciones por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en procesos anteriores debido a documentos presuntamente alterados y conflictos de interés.
Ante este escenario, las MIPYMES descartaron conformarse con comisiones internas de revisión y exigieron una auditoría forense independiente, integrada por expertos en contratación pública, análisis de datos, forenses informáticos y especialistas en inocuidad alimentaria, acompañada de un canal seguro para proteger denuncias de empleados y afectados.
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