Oviedo, Pedernales. — Entre consignas, pancartas y un profundo clamor de desesperanza, decenas de empleados, familiares, autoridades locales y miembros activos de la comunidad de Oviedo marcharon este martes por las calles del municipio enérgicamente en contra del cierre de la empresa BG Investment Group por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Los manifestantes calificaron la medida como un «abuso» que asfixia el desarrollo económico de la zona y pone en riesgo directo el sustento de cientos de familias en esta demarcación fronteriza.
Impacto social y el grito de un pueblo
La marcha puso de manifiesto el rol vital que desempeña esta empresa recicladora y clasificada de textiles usados —instalada desde 2008—, la cual opera bajo el amparo de la Ley de Desarrollo Fronterizo (certificado vigente hasta 2028). Según los comunitarios, la paralización no solo frena 85 empleos directos y más de 250 indirectos, sino que impacta de manera transversal la vida de todo el municipio.
- El sector agropecuario se pronuncia: Rafael Pérez Matos, presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Oviedo, advirtió con firmeza que «la miseria, el hambre y la necesidad se han apoderado del pueblo», al tratarse de la única fuente industrial y corporativa con la que cuenta la comunidad.
- Llamado urgente de las autoridades: Por su parte, el alcalde del municipio catalogó la situación como altamente preocupante. Durante su intervención, recordó que la empresa funge como la principal mano amiga del cabildo: «La única ayuda que recibe el ayuntamiento pobre de Oviedo la otorga esta empresa… No solo le hacemos un llamado a Nelson Arroyo, sino también al presidente de la República: piense en nosotros, que aquí hay hombres y mujeres que con lo que ganan mantienen a su familia y estudian», puntualizó.
El trasfondo del conflicto legal y aduanal
El conflicto entre BG Investment Group y la DGA ha escalado hasta los tribunales. La compañía sostiene que ha sido víctima de discriminación, trato desigual y cambios arbitrarios en la valoración de sus mercancías sin justificación técnica válida, lo que ha derivado en la retención de nueve contenedores y la parálisis operativa.
Ante este panorama, la empresa interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando la vulneración de principios fundamentales como:
- La igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
- El debido proceso y la libertad de empresa.
- El respeto al marco legal del régimen fronterizo.
Asimismo, la directiva de BG Investment Group aclaró enfáticamente que no busca privilegios ni pretende evadir compromisos fiscales —aportando más de RD$48 millones en impuestos aduanales y superando verificaciones sin hallazgos de contrabando—, sino que se respeten las condiciones de su certificación y se le permita retomar las operaciones mientras se define la litis.
«Hagan lo que tengan que hacer para que la empresa pueda operar nuevamente», fue el clamor unánime que resonó este día en las calles de Oviedo, donde el futuro de toda una comunidad pende de una solución institucional urgente.
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